Hay palabras que, cuando salen de la boca del poder, dejan de nombrar la realidad y empiezan a burlarse de ella. Derechos humanos es una de esas palabras en la Venezuela de hoy. No porque haya perdido su valor universal, sino porque ha sido vaciada, manipulada y utilizada como una herramienta coyuntural: se invoca cuando conviene y se silencia cuando incomoda.
Durante años, el régimen venezolano ha construido una pedagogía del miedo que no necesita explicaciones ideológicas. Basta con los hechos: personas sacadas de sus casas en la madrugada; detenciones sin orden judicial ni defensa; ciudadanos que desaparecen durante días o meses; presos políticos que siguen tras las rejas incluso cuando existen órdenes formales de excarcelación; madres que recorren tribunales, cuarteles y centros de detención preguntando —con voz baja, con miedo— si su hijo sigue vivo. Esa es la escena cotidiana. Esa es la normalidad impuesta.
Y, sin embargo, ocurre algo que desborda la simple hipocresía y entra de lleno en el terreno del cinismo: ese mismo poder que ha triturado el debido proceso y ha convertido la justicia en un instrumento de control, hoy levanta la voz para exigir garantías cuando sus propios jerarcas enfrentan procesos en el exterior. Reclama respeto al derecho estadounidense, invoca el derecho internacional, exige trato justo para Nicolás Maduro y Cilia Flores, como si ese lenguaje no hubiese sido sistemáticamente negado a millones de venezolanos.
Aquí el cinismo deja de ser una contradicción accidental y se convierte en método. Porque los derechos humanos no son concebidos como un principio ético, sino como un recurso estratégico. Se suspenden dentro del país, donde no hay contrapesos reales, y se activan fuera, donde el poder se siente vulnerable.
Pero este teatro no sería posible sin un coro que lo acompaña desde afuera. La izquierda internacional, activada en personajes como Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y toda esa caterva bien pagada, también ha jugado un papel decisivo en esta farsa. Es la misma que denuncia con razón violaciones de derechos humanos en ciertos países, pero guarda silencio, relativiza o justifica cuando el violador se llama Maduro y se presenta como “antiimperialista”. Es la izquierda que habla de dignidad, pero mira hacia otro lado cuando hay presos políticos; que denuncia la represión, pero la excusa cuando el uniforme es rojo; que exige democracia en abstracto, pero tolera su demolición concreta en Venezuela.
Ese doble estándar no es ingenuo. Es profundamente político. Y profundamente deshumanizante. Porque convierte a las víctimas venezolanas en daños colaterales de una narrativa geopolítica. Porque sacrifica vidas reales en nombre de una causa simbólica. Porque prefiere defender un régimen antes que escuchar a las personas que sufren bajo él.
El régimen que ha llenado centros de tortura como El Helicoide o la Tumba es el mismo que hoy se indigna ante la posibilidad de que sus líderes no reciban un “trato justo” en el extranjero. El mismo que ha perseguido ONG, expulsado misiones internacionales de derechos humanos y desacreditado informes de la ONU, ahora se presenta como víctima potencial de arbitrariedades judiciales. Y parte de la izquierda global le cree —o finge creerle— porque el relato le resulta cómodo.
En este juego, el derecho deja de ser un límite al poder y pasa a ser un disfraz. Se usa en los foros internacionales y se descarta en la vida doméstica. Se declama con solemnidad y se viola con rutina. Y no hay pudor en ello, porque el cinismo contemporáneo ya no se esconde: se justifica con palabras como soberanía, resistencia, antiimperialismo, mientras reproduce exactamente aquello que dice combatir.
Hay algo profundamente humano y profundamente trágico en todo esto. Porque mientras voceros oficiales y aliados ideológicos discuten garantías procesales para los poderosos del madurismo, en Venezuela hay detenidos que nunca han visto a un juez; hay condenas sin sentencia; hay nombres que no figuran en expedientes, pero sí en el miedo colectivo. Para ellos, el derecho no llega. Para ellos, el lenguaje jurídico es un eco perdido en la burla y la barbarie de un sistema corrompido.
El mensaje implícito es brutal: los derechos humanos importan cuando protegen al poder; cuando protegen al ciudadano común, se vuelven sospechosos, “instrumentos del imperialismo”, amenazas al relato.
Este no es un problema retórico. Es un problema ético y político de fondo. Un poder y una ideología que solo reconoce el derecho cuando lo necesita no cree en el derecho: cree en la fuerza. Y cuando otra fuerza los supera y los detiene, entonces se recurre a la ley, no como convicción, sino como escudo hipócrita.
Tal vez lo más perturbador de este cinismo no sea su incoherencia, sino su naturalidad psicótica. Se pronuncia sin rubor. Se articula con calma. Se enuncia como si nadie recordara los secuestros, las torturas, los expedientes fabricados, los cuerpos y los nombres como el del capitán Arévalo, Alfredo Díaz, Fernando Albán, Óscar Pérez y el resto de la trágica lista. Como si la memoria fuese prescindible. Como si el dolor ajeno no contara porque es opositor.
Desnudar este cinismo de la izquierda no es un acto de revancha ni de alineamiento ideológico. Es un acto de claridad moral. Es decir, sin rodeos, que no se puede defender el derecho internacional mientras se pisotea el derecho interno; que no se puede exigir humanidad afuera mientras se administra crueldad adentro; que no se puede hablar de justicia social defendiendo a un régimen que niega justicia básica.
Los derechos humanos no son un salvavidas para élites en apuros ni una consigna selectiva para militantes cómodos. Son, o deberían ser, el piso mínimo de la dignidad humana. Para todos. Sin excepciones. Sin partidos. Sin banderas. Sin excusas.
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